POSIBLE COLUSION ? QUE EXTRAÑO

Posible Colusión entre Inmobiliarias y Empresas de Telecomunicaciones


Una práctica común de parte de las inmobiliarias es licitar
inicialmente el cableado del edificio al mejor oferente, en términos
de precios o prestaciones. En la realidad significa que ninguna otra
empresa de cable o telefonía fija puede ingresar al edificio. Lo que
limita las posibilidades de los consumidores para elegir su compañía
de telecomunicaciones.

Con profundo malestar y preocupación se encuentra el presidente de la
Asociación Chilena de Comités de Copropiedad - ACHCO, Germán Luisi
Montenegro, ante la demora en la investigación que lleva a cabo la
Fiscalía Nacional Económica, con respecto al abuso que cometen las
empresas de telecomunicaciones y las posibles faltas a la libre
competencia de las compañías de operadores de televisión por cable y
telefonía fija en edificios y condominios.

Comúnmente, una práctica reiterada, es que antes que las inmobiliarias
entreguen el edificio a los propietarios, ésta ya haya firmado un
contrato de exclusividad con una empresa para que preste servicios de
televisión por cable, telefonía fija y de internet banda ancha. Por
ejemplo, la inmobiliaria Diagonal Vicuña S.A celebró un contrato con
VTR en que la empresa de telecomunicaciones le canceló la suma de UF
111 más iva a la inmobiliaria, por el mayor costo que le significaba a
la constructora la instalación de los ductos y soportes que le
permiten a VTR prestar los servicios.

Otra singularidad detectada en dicho contrato es que VTR habilitó sin
costo para la comunidad 1 boca principal para el servicio de cable más
dos adicionales y dos extensiones telefónicas, quedando establecido
que, en caso de solicitar más bocas adicionales para estos servicios,
deberán ser pagados por quien las contrate.

Por lo tanto, VTR construyó y mantuvo a su costo, para su uso
exclusivo, una red compuesta por cables coaxiales y de equipos pasivos
o activos, que le permiten entregar el servicio. Y cualquier
intervención que se haga en la red, faculta a la compañía a realizar
acciones legales. También se estipula en el contrato que las paredes
para soportar los ductos de telecomunicaciones, regletas y gabinetes,
etc. son bienes comunes destinados a prestar servicios de
comunicaciones al edificio, pero se le entregó desde un comienzo a VTR
su uso y goce.

Con respecto a esto la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la
Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y la normativa de
vivienda exigen que las empresas inmobiliarias al momento de construir
dispongan de varias conexiones para que puedan acceder más de una
empresa de telefonía o de televisión por cable. Y por su parte, la
ley del consumidor establece el derecho a la libre elección de los
consumidores.

Germán Luisi, PresidentePara Germán Luisi Montenegro tanto las
inmobiliarias como las empresas de telecomunicaciones no pueden
negociar a espalda de los propietarios y "dejarlos atados de por vida
a un contrato que ellos no leyeron, no firmaron y , por tanto, no
aceptaron".


CÓMO AFECTA EN EL DÍA A DÍA

Cuando Hayre Moya, residente del departamento 1102 del edificio
Metropolitan II en Santiago, quiso contratar el servicio de telefonía
fija a través de Claro, no pudo hacerlo. La respuesta de la compañía
fue categórica, VTR mantiene ocupado en su totalidad el cableado
telefónico que pasa por el ducto, por tanto, la empresa Claro no puede
ingresar al edificio. Pero no fue la única compañía a la que consultó,
ya que Movistar dio la misma respuesta. "Traté de buscar otra compañía
telefónica, pero nadie me dio una solución, así que al final tuve que
contratar a VTR, no me quedó de otra" se lamenta la propietaria.

Marcelo Rivas, mayordomo del edificio Metropolitan II, le solicitó al
anterior comité que mostrara el contrato celebrado entre ellos y la
empresa de telecomunicaciones. Para su sorpresa no existía ninguno.
Tan sólo encontraron un contrato firmado entre la Inmobiliaria y VTR.
"Es más, busqué en los archivos y hallé que ningún comité que haya
pasado por el edificio firmó algún contrato de exclusividad con VTR".

"Tratamos de comunicarnos telefónicamente con VTR para solucionar el
problema de nuestra vecina, pero nunca nos dieron respuesta" comenta
Rivas. Al no ser escuchados por la compañía de teléfonos, la
administración del edificio se contactó con la Asociación Chilena de
Comités de Copropiedad, de la cual son miembros, para que los
asesorara con respecto a este tema.

El presidente de la ACHCO comenta que en abril de este año le envió
una carta a Jorge Atton, Subsecretario de Telecomunicaciones,
expresando sus inquietudes sobre algunas anomalías cometidas por
ciertas empresas de operadores de cable al asignarse exclusividad de
los servicios en los edificios. Además le consultó si el espacio por
dónde pasa el cableado y es sólo ocupado por la compañía, le pertenece
a ésta o es un bien de toda la comunidad "por tanto, debe pagar un
arriendo mensual como cualquier empresa que renta un punto o un lugar
para trabajar" señala Luisi.

La respuesta de la autoridad indica que "el suscriptor local tendrá
plena libertad para adquirir o arrendar la Instalación Telefónica
Interior (ITI). En caso de edificios o condominios, en que parte de la
ITI sea de uso comunitario, deberá instalarse un tablero que permita
las cruzadas con las regletas de doble conexión de distintas
compañías telefónicas locales, de modo que cada uno de los
copropietarios pueda elegir libremente la compañía telefónica local de
su preferencia."

Además la Subtel señala que ningún contrato pactado entre una
concesionaria de servicio público telefónico y una inmobiliaria puede
imponer alguna exclusividad que afecte el derecho de un usuario a
elegir libremente al suministrador del servicio telefónico ni que
vulnere lo dicho en el párrafo anterior y si lo hace, ello constituye
una transgresión a la normativa vigente.

Esto quiere decir, que los edificios que tengan instalaciones
interiores tales como teléfonos o televisión por cable, deben
contemplar ductos independientes para contener los cables y así
permitir la prestación de servicios por más de un proveedor.

A su vez la ley 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, detalla que
los ductos de telecomunicaciones se consideran bienes de dominio
común, por lo tanto, pertenecen a todos los copropietarios y son estos
últimos los que deben decidir con respecto a la compañía de telefonía
local, de televisión por cable y de internet banda ancha. Lo que en la
práctica no ocurre así, ya que pareciera que las empresas de
telecomunicaciones son las dueñas de los ductos y no al revés.

Y como quedó demostrado en la realidad, Hayre Moya, residente del
departamento 1102 se vio obligada a contratar los servicios de
telefonía fija de VTR, ya que esta compañía conjuntamente con la
inmobiliaria no respetaron la normativa y no incluyeron las
facilidades técnicas para que otras empresas de telecomunicaciones
pudieran ofrecer sus servicios en el edificio Metropolitan II.

FNE A PASO LENTO

En mayo de este año a instancias de la Asociación Chilena de Comités
de Copropiedad la Subsecretaría de Telecomunicaciones se pronunció
acerca de una posible colusión, dejando en claro que los contratos de
exclusividad entre las inmobiliarias y las compañías de operadores de
cable y telefonía fija no son válidos ante la ley. Así mismo informó
que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se encuentra analizando los
contratos que firman las constructoras de edificios y condominios con
las empresas de telecomunicaciones.

Considerando que este tema debía ser conocido por las autoridades y la
opinión pública, Germán Luisi Montenegro, se reunió con el presidente
del Partido Socialista, diputado Osvaldo Andrade para comunicarle la
conclusión a la que llegó la Subtel con respecto a este tema. Andrade
se manifestó preocupado y sorprendido por estas posibles faltas a la
libre competencia, por lo tanto, ofició a la FNE para que entregara
los avances en dicha investigación.
En el mes de julio, el presidente de ACHCO sostuvo un encuentro con el
Senador Alejandro Navarro para informarle de estas irregularidades y
el parlamentario también quedó extrañado frente a esta situación.

El ex director nacional del SERNAC, Juan Antonio Peribonio, señaló que
si el derecho a la libre elección no se respeta y los consumidores no
pueden elegir a las empresas proveedoras de servicios que deseen se
atentaría contra la libre competencia, por lo cual esta materia debe
ser analizada por la Fiscalía Nacional Económica.

Así es, la FNE está en conocimiento de dicho tema desde el mes de
mayo, es decir, han pasado casi ocho meses sin tener una respuesta
clara y definitiva de dicha autoridad. ¿Es una demora justificada, ya
que así entendemos en Chile que funcionan los organismos públicos? ¿o
es el temor a enfrentarse a poderosas empresas de telecomunicaciones
lo que frena el resultado de la investigación?

Para Germán Luisi Montenegro, presidente de la Asociación Chilena de
Comités de Copropiedad- ACHCO, esta dilatación en la indagación sólo
perjudica a los residentes de edificios y beneficia a las grandes
compañías, ya que por años se han apoderado de manera arbitraria de
los servicios de telecomunicaciones dentro de las comunidades
impidiendo el paso de otros operadores de cable, en desmedro de las
oportunidades y ofertas que ofrece el mercado.

Otro tema que también considera importante Luisi es el daño a la
infraestructura dentro de los edificios que causan las empresas de
telecomunicaciones "cuando los técnicos destrozan la muralla donde va
la caja con el cableado o se rompe la chapa de seguridad del shaft,
ellos no corren con los gastos de reparación, sino que finalmente
estos arreglos los asumen todos los residentes en los gastos comunes a
fin de mes".

"Yo no manejo los tiempos de las entidades públicas, pero me parece
extraña tanta demora, ojalá que la espera valga la pena y nosotros,
propietarios o arrendatarios podamos ver televisión o hablar por
teléfono desde nuestros departamentos con el servicio que nos parezca
más conveniente".

Los residentes de edificios tendrán que seguir esperando a que la
Fiscalía Nacional Económica se pronuncie, pues parece ser que ocho
meses de investigación no son suficientes para aclarar una posible
colusión entre las inmobiliarias y/o constructoras y las empresas de
telecomunicaciones.

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